La Otra, Octubre 2025.-
El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires decidió llevar su caso a la justicia para asegurar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada cuatro veces por el Congreso pero vetada dos veces por el Gobierno. Aunque el Poder Ejecutivo promulgó la Ley, su aplicación está suspendida hasta que el Poder Legislativo fije las fuentes de financiamiento. Las autoridades de la UBA consideran que esto afecta la educación pública y la democracia.
La resolución del Consejo argumenta que el decreto que promulga la Ley, pero suspende su ejecución, quebranta el sistema de contrapesos del gobierno y vulnera derechos consagrados en la Constitución. La UBA enfrenta una crisis presupuestaria sin precedentes, con pérdidas significativas en el poder adquisitivo de sus trabajadores. La Ley busca garantizar el financiamiento y la recomposición salarial, además de establecer fondos para infraestructura y becas. La falta de aplicación de esta Ley se considera un ataque a la Universidad Pública.
FUENTE: www.pagina12.com.ar